Las opiniones contenidas en estos puntos de vista, son responsabilidad exclusiva de los autores de las mismas, y no tienen que representar necesariamente la posición del resto de los miembros de la Junta sobre los temas tratados.

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Ingeniero de Minas desde 1989 y Máster en Hidrología General y Aplicada en 1995. En 2006 adquirió el Grado de Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, en el programa de doctorado titulado “Ingeniería Geológica”, defendiendo su tesis sobre el tema de la recarga artificial de acuíferos. También es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 2015.Ha desarrollado su actividad profesional con preferencia en el campo de los recursos hídricos, primero en la empresa privada durante un año y medio, concretamente en el campo del agua y la minería de rocas ornamentales. Desde 1994 trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España, primero como Investigador titular y ahora como Técnico Superior especialista, desarrollando su labor profesional en el campo de la hidrogeología, y más concretamente en la modelización matemática de acuíferos y la recarga artificial. Ha participado en 7 proyectos de investigación con financiación competitiva y 20 proyectos científico-técnicos en los últimos años. Autor de 11 capítulos de libros relacionados con la hidrogeología, 4 publicaciones en revistas relacionadas con la recarga artificial de acuíferos y 30 publicaciones en congresos o jornadas, de las cuales 7 lo han sido en congresos internacionales, incluyendo la reunión de la Sociedad Geológica Americana de 2005 y los simposios internacionales sobre Gestión de la Recarga (MAR).

Me pregunto por qué es tan difícil en nuestro país que los políticos de turno (y me da igual su signo) acepten la opinión de los técnicos. Lo vemos multitud de veces, pero en el campo de la gestión del agua es especialmente llamativo. Me explico:

La actual coyuntura climática no invita precisamente al optimismo. Estamos en un contexto de cambio que nos va a exigir una adaptación imprescindible en los próximos años. Si se cumplen los augurios que predicen una disminución de precipitaciones en España y el desarrollo cada vez más frecuente de episodios extremos, tanto de sequías como de inundaciones, es evidente que, para conseguir seguir satisfaciendo las demandas hídricas, deberemos adaptar nuestro modelo de gestión a las nuevas condiciones.

Me voy a centrar en un aspecto que me parece de gran importancia, la recarga artificial de los acuíferos. Me refiero a cualquier tecnología que permita infiltrar de forma consciente y programada agua en un acuífero. Es una técnica sobradamente desarrollada desde el punto de vista técnico, que ha demostrado su validez en muchos países del mundo (ejemplos paradigmáticos son los Estados Unidos, los países nórdicos, Holanda, Australia o Alemania), incluido España, en donde se ha testado con resultados esperanzadores, y donde existen unas pocas instalaciones funcionando con éxito. La recarga artificial puede y debe ser una técnica para utilizar dentro de la gestión de los recursos hídricos, que puede aportar mucho en aquellos lugares en los cuales las condiciones así lo permitan. Es evidente que no permite gestionar grandes volúmenes de agua, pero sí solucionar problemas a pequeña escala que pueden ser muy importantes.

Sin embargo, en España se encuentra con un muro que le impide desarrollarse y ser aplicada con mayor eficacia: sus condicionantes jurídicos. En efecto, nuestra ley de aguas la considera un vertido a las aguas subterráneas y la somete a un régimen jurídico que en la práctica impide su aplicación. El régimen de puesta en marcha requiere de una triple relación con la administración hidráulica: primero se requiere un régimen de concesión de los caudales a recargar; después, la correspondiente autorización de vertido y, por último, la somete al canon de regulación, puesto que considera a las obras de recarga como obras de regulación. Vamos, para desmotivar a todo el que tuviera la intención de poner en marcha una recarga artificial en España. Y para terminar de poner la guinda, se exige un estudio hidrogeológico que demuestre la inocuidad del vertido a las aguas subterráneas (concepto sin definir jurídicamente y, por tanto, completamente subjetivo).

Yo pienso que la recarga artificial puede aportar grandes cosas a nuestro sistema de gestión de los recursos hídricos. Y me consta que desde diversos estamentos sociales (entre ellos el Club del Agua Subterránea) se ha pedido reiteradas veces que la recarga artificial deje de ser considerada un vertido para que se pueda desarrollar. Pero hasta ahora (y nunca perderemos la esperanza de que esto cambie) nuestros políticos no han movido un dedo para cambiar este ridículo estatus. Se ve que saben mucho más que los técnicos… nos lo demuestran a diario, y así nos va.

EL BORRADOR DEL LIBRO VERDE PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA:
IMPLICACIÓN EN LOS SECTORES DE LAS AGUAS MINERALES ENVASADA Y DE LOS BALNEARIOS
José F. Albert. Dr. en Ciencias Geológicas.

Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona y Diplomado en Hidrología Subterránea. Especialista en aguas termales y geotermia, fue la primera persona en España en doctorarse en esta disciplina (1976). Ha dirigido durante veinticinco años numerosos proyectos nacionales e internacionales en el campo de la Geotermia, tanto en el sector público como en el privado, así como proyectos de I+D de la Unión Europea. Desde 2013 es asesor del Instituto Volcanológico de Canarias y coordina los proyectos de investigación geotérmica de las islas. Como Director de Recursos de Agua del Grupo Danone (1990-2010) principal productor mundial de Aguas Minerales, ha desarrollado su actividad de búsqueda y evaluación de recursos hídricos durante otros veinte años en más de treinta países de Europa, Asia, África y América latina. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) de 2007 a 2012 y Presidente del Comité de Expertos de ANEABE (1990- 2012), año de su jubilación .Premio Nacional de Geología y Víctor de Plata al Mérito Académico, es autor de más de cuarenta artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y de numerosas publicaciones sobre geotermia y geoquímica de aguas minerales y termales. Ponente en numerosos congresos y miembro del tribunal de varias tesis doctorales, ha desarrollado también actividad docente en las universidades de Barcelona y Madrid.

El Ministerio para la Transición Ecológica lleva unos meses elaborando un borrador del llamado Libro Verde para la Gobernanza del Agua. Se trata de un documento muy ambicioso que aborda cuestiones relativas a la gestión de todo tipo de aguas, motivadas principalmente por el cambio climático y su impacto en la sequía. El principal propósito del Ministerio es recabar opiniones en relación con las disfunciones del modelo de gobernanza vigente y analizar propuestas de mejora. En la dirección http://www.librogobernanzagua.es/, puede encontrarse el borrador del documento.

Si tal como se indica en la web “el Ministerio para la Transición Ecológica, busca abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora en colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas”, estas son las reflexiones de un hidrogeólogo ya jubilado, que ha convivido con los sectores de aguas minerales envasadas y balnearios durante una gran parte de su vida profesional.

Se propone en este borrador de Libro Verde “Eliminar distinciones regulatorias en materia de aguas subterráneas mediante la supresión del artículo 1.5 del TRLA”, el cual dispone que las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica (…). Esta modificación tiene una gran relevancia, ya que implicaría una modificación de la naturaleza jurídica de las aguas minerales y termales, de modo que éstas dejen de estar reguladas por la Ley de Minas y pasen a estar bajo la tutela de la Ley de Aguas, lo que afecta a la titularidad de las mismas.

Con la situación actual, ambos sectores han crecido y se han desarrollado bajo la tutela eficaz de la Ley de Minas, representada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y las Comunidades Autónomas (CCAA). Las principales características de esta tutela son:

• Régimen jurídico diferencial

Las aguas minerales y termales presentan un régimen de distribución de competencias singularizado respecto del establecido para el resto de los recursos hídricos. Esta es la conclusión que fácilmente se extrae si acudimos a los arts. 148.1.10ª y 149.1.22ª de la Constitución Española (CE).

Las aguas minerales y termales se mantienen al margen del régimen competencial establecido para los recursos hídricos, en atención al modo incuestionable con el que el art. 148.1.10ª. CE otorga las competencias sobre estas aguas en favor de las CCAA, singularidad justificada por el hecho de que la Ley de Minas, y el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 2857/1978), incluyen a las aguas minerales y termales dentro de los recursos minerales que componen la Sección B. Además, existen normativas de rango inferior que regulan de forma específica aspectos relativos a su explotación y comercialización.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así lo dispone en el Art.1 apartado 5 en virtud del cual “Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica”, sin perjuicio de que el apartado 2 del mismo artículo señala que “Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación”.

Ello significa que también están bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Aguas en lo que se refiere a su protección, lo que no es impedimento para tener una naturaleza jurídica especial y por tanto una legislación específica. Además, una de las máximas siempre tenidas en cuenta por la normativa que tradicionalmente ha ido conformando el régimen jurídico de las aguas minerales y termales ha sido el reconocimiento y respeto a la posible existencia de propiedad privada sobre este tipo de recursos, a la que se viene reconociendo como una propiedad especial y diferente tanto del resto de los recursos hidráulicos como mineros.

• Un recurso minero renovable

Las aguas minerales se diferencian del resto de recursos minerales por su carácter renovable. La cantidad extraída debe ser siempre inferior a la recarga promedio anual del acuífero, de manera que se asegure su sostenibilidad cuantitativa y cualitativa, manteniendo siempre constante su composición química. La planta envasadora o el balneario son los primeros interesados en preservar su recurso, que constituye la base de su actividad económica a medio y largo plazo.

• Estricta autorización, vigilancia y control de las autoridades

Las autoridades mineras y sanitarias desempeñan una labor fundamental para garantizar la protección y las características de este recurso minero. Así, para obtener la declaración de la condición de mineral las aguas deben reunir unas características muy específicas, superar estrictos análisis químicos y microbiológicos mensuales durante dos ciclos hidrológicos y un largo expediente administrativo, de acuerdo con lo indicado por las Directivas 80/777/CEE, 96/70/CE, 2003/40/CE y 2009/54/CE y sus correspondientes transposiciones al ordenamiento jurídico español.

Es la autoridad minera quien decide, previa consulta a otras administraciones como la hidráulica, cual es el caudal óptimo de aprovechamiento de la captación y su correcto perímetro de protección, con el fin de que sea compatible con otras actividades y evitar posibles afecciones al acuífero.

El perímetro de protección es aquella superficie de terreno en la que se limitan o se condicionan las actividades que pueden perjudicar al acuífero. Su función es garantizar la pureza original de las aguas minerales y se delimita en base a criterios muy estrictos. El número de zonas a definir en el perímetro de protección se decide en función de las características hidrogeológicas e hidrodinámicas del acuífero e integran una zona inmediata para la protección de la captación, una zona de protección cualitativa y otra de protección cuantitativa.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) trabaja muy estrechamente con las distintas administraciones, así como con otros agentes sociales comprometidos con la protección de las aguas subterráneas, además de elaborar los correspondientes informes preceptivos para la declaración y autorización de las aguas minerales.

De todo lo expuesto puede concluirse que:

1) El sector de las aguas minerales y el de los balnearios deberían seguir con su régimen legislativo y administrativo actual, ya que se ha demostrado eficaz y eficiente para la regulación de ambos sectores y de la gestión de los acuíferos. El cambio jurídico propuesto implica abandonar un sistema que funciona y afrontar nuevos claros riesgos sin beneficio social aparente.

Son las autoridades mineras quienes tienen los conocimientos técnicos y experiencia para supervisar y autorizar las explotaciones de agua mineral y termal. Además, cabe recordar que las extracciones de las aguas minerales y termales constituyen sólo el 0,03% de los recursos hídricos subterráneos. ¿Qué sentido tiene? ¿Ansia de poder en manos de otros estamentos?

2) El cambio competencial, y la inclusión de las aguas mineromedicinales y termales dentro de la Ley de Aguas conlleva o pretende, de entrada, una declaración de las aguas como un bien público, situación esta que no encuentra fundamento en la causa de utilidad pública o de interés social que debe presidir dicha declaración, y al mismo tiempo supone un quebranto de derechos constitucionales tan importantes como el derecho a la propiedad.

La inclusión de las aguas minerales y termales bajo la competencia de la Ley de Aguas, y con ello su declaración de bien de dominio público, y la supresión de cualquier tipo de propiedad sobre las mismas, tampoco asegura por sí mismo el uso público del recurso, ni una mejor distribución pública, objetivos que debe perseguir siempre toda declaración de dominio público de un bien.

Respecto al concepto de prestación de un servicio público, este requisito no sería aplicable dado que las aguas minerales, mineromedicinales y termales siempre han estado directamente asociadas a una actividad empresarial. Además, con el cambio jurídico planteado no se busca la satisfacción de una necesidad colectiva concreta.

La declaración de bien público no tendría un especial efecto directo en lo que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido conceptuando como “fomento de la riqueza nacional”, por el contrario, su declaración como bien público pondría en peligro una actividad empresarial centenaria, que sí crea riqueza en territorios en su mayoría rurales.

3) En definitiva, el único fundamento para justificar las pretensiones que se recogen en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua es simplemente la “coherencia con el resto del ordenamiento jurídico español”.

Sin embargo, en base a lo expuesto, quien escribe estas líneas entiende que no concurren razones ni de eficacia, ni de interés público, ni de carácter técnico ni medioambiental que justifiquen un cambio jurídico tan relevante como el recogido en el borrador actual del Libro Verde. Muy al contrario, este cambio legislativo y sus consecuencias supondrían un claro riesgo para los sectores económicos que se ha generado alrededor de este bien hídrico, principalmente en pequeños núcleos rurales.

La realidad actual y los resultados prácticos que han convertido a España en uno de los principales actores europeos en la actividad de aguas minerales y termales, llevan a considerar la actual Ley de Minas como una eficaz herramienta que ha permitido la creación de riqueza en perfecta armonía con la protección de la calidad y de la sostenibilidad de las aguas minerales y termales, bajo la supervisión de las autoridades mineras y bajo el régimen de propiedad actual.

HIDROGEÓLOGO ¿UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Irene de Bustamante Gutiérrez. Doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular en el Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá, y Directora Adjunta de IMDEA Agua.

Una amenaza de alto riesgo se extiende en el actual escenario ambiental, donde los recursos hídricos continúan marcando el pulso del planeta: la desaparición de una especie.

Es preocupante que, en determinados eventos suscritos en el marco de la hidrogeología, la edad media de los asistentes sea bastante elevada ¿Dónde están los jóvenes hidrogeólogos? Os invito a visitar la fototeca del Club del Agua Subterránea [1]. En las reuniones científicas su asistencia es más elevada y suelen ser jóvenes que se encuentran trabajando en algún centro académico y/o de investigación.

El artículo publicado en 2014 en Tierra y Tecnología [2], define al hidrogeólogo como “un auténtico hombre orquesta”, que debe tener conocimientos en todas las áreas geológicas, climatología, hidrografía perforación, legislación, etc., y proveniente de múltiples titulaciones. También sabemos del gran abanico de salidas profesionales que tiene este tipo de especialistas.

Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En España se impartían tres cursos de especialización en hidrogeología, de los que sólo queda uno; y en las distintas facultades y escuelas, la hidrogeología es una materia en torno a los 6 ECTS, inserta en algún curso de la carrera. Si ni desde la propia academia peleamos por esta disciplina, mal podremos motivar a nuestros estudiantes a sumergirse en el mundo del agua. Otro problema que he detectado en los jóvenes hidrogeólogos es que les gusta poco el campo, prefieren trabajar con modelos matemáticos o con ensayos de laboratorio.

Pero la responsabilidad no está sólo en la academia ¿Qué hace la administración por fomentar la vinculación de estos profesionales cualificados en sus estamentos? ¿en qué lugar del limbo se encuentra la geología (motor de la hidrogeología) en la enseñanza primaria y secundaria? ¿Qué actividades de divulgación realizamos para dar a conocer a la sociedad quienes somos y qué hacemos?

¿Tendremos que hablar dentro de unos años de la extinción del homo hidroligensis al inicio del Antropoceno?

[1] https://www.clubdelaguasubterranea.org/album.htm

[2] https://www.icog.es/TyT/index.php/2009/11/que-es-la-hidrogeologia-el-geologo-y-la-hidrogeologia/

SELECCIÓN DE INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA
Juan Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero de Minas

El pasado 21 de marzo tuvimos la ocasión de participar en la Jornada que el CAS organizó en Madrid, relativa al Uso Eficaz de Indicadores en la Gestión de las Aguas Subterráneas.

Aun cuando el agua (después del aire) es el recurso más abundante que encontramos en nuestro planeta, el agua de calidad no es tan abundante, tanto por su acceso, como por el volumen disponible y su pureza. Todos somos conscientes del valor que tiene este recurso, así como la importancia de racionalizar y optimizar su empleo, sin poner por ello en riesgo al entorno, garantizando su correcta gestión (captación, tratamiento, distribución y devolución al medio), y a un coste razonable.

Un indicador es una herramienta que permite valorar el funcionamiento de algo complejo pero medible, de forma que puedan tomarse decisiones en función de su evolución con respecto al objetivo para el que ha sido definido.

La definición de un indicador debe responder a un objetivo concreto, de forma que resulte tanto representativo del proceso a controlar como fiable y objetivo. La definición de un indicador conlleva, además de su selección, concretar los medios instrumentales de medida disponibles, unidades, rango de variabilidad y valores de referencia que indiquen cuando tomar una decisión, evitando sesgos.

Deben buscarse indicadores de fácil comprensión (bien descritos), duraderos y conocidos, de forma que puedan existir referencias. El uso correcto de un indicador puede incluso señalar, de forma predictiva, cual es la tendencia del sistema si no se ejercen cambios.

En cualquiera de los casos interesa validar periódicamente los indicadores empleados, analizando la conveniencia o no de continuar con cada uno de ellos, ya que pueden dejar de ser representativos o producir un sesgo en la información. En esos casos pueden ser complementados o sustituidos por otros.

En minería, los parámetros típicos de control son: abatimiento de nivel piezométrico, calidad físico-química y microbiológico del agua, caudal extraído/tratado, todos aquellos relacionados con la calidad del agua, coste, consumo energético y en reactivos, tiempo, presiones, etc. Para el control de cada uno de estos parámetros, pueden construirse multitud de indicadores en función de nuestras necesidades.

Transversalmente existen una serie de exigencias y requisitos que deben cumplirse, tanto impuestos por la Administración como auto-impuestos por la propia empresa, que permiten definir valores umbral que exigen alguna actuación concreta. Esta circunstancia exige un control que, mediante indicadores sencillos, puede llevarse a la práctica.

En operaciones mineras, el control se realiza de forma multiparamétrica, enfocado tanto al cumplimiento de objetivos como a la optimización de costes. Frente al empleo de un indicador complejo, puede usarse un conjunto de indicadores sencillos, destinados cada uno de ellos a una faceta de control (producción, coste/consumo, eficacia, etc.). De esta forma podremos obtener una mayor y más concreta información en el momento de analizar el sistema.

El número de indicadores a emplear en minería puede ser altísimo, ya que cada área busca aquellos que mejor resultado pueden darle para controlar el objetivo particular de cada uno de ellos. Así mismo, existen diferentes niveles (escalas de análisis) que exigen el empleo de indicadores más concretos o más generales.

Cuando se trata de comparar entre diferentes elementos de un sistema (sondeos de drenaje, por ejemplo), o se pretende analizar la evolución que con el tiempo presenta cada elemento, deben buscarse unidades homogéneas de comparación (caudal específico, etc.)

El seguimiento de uno o varios Indicadores no debe considerarse un fin en sí mismo, sino una herramienta para valorar la gestión aplicada en pro de su excelencia, detectando riesgos y oportunidades.

UN FUTURO ESPERANZADOR PARA EL SECTOR DE LA GEOTERMIA

El pasado mes de abril de 2019 tuvo lugar la reunión del grupo de expertos en Geotermia de la Agencia Internacional de la Energía y el workshop que tradicionalmente se organiza con motivo de las reuniones que este grupo celebra en los diferentes lugares del mundo. La reunión, organizada por la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de Geotermia (GEOPLAT), como miembro del grupo de expertos, con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias, puede suponer un importante punto de inflexión en el desarrollo de la energía geotérmica en España.

Casi 10 años después de que se celebrase en Madrid una reunión similar con la participación de numerosos expertos mundiales y nacionales, la reunión celebrada en Canarias ofreció una visión confrontada con expertos mundiales sobre las posibilidades reales de la geotermia en España y va a permitir la reorientación de la actividad geotérmica a desarrollar en los próximos años con vistas a la demostración de la viabilidad de los diferentes tipos de proyectos geotérmicos posibles en el territorio.

Desde luego, el acierto en la selección del lugar de celebración de la reunión es un hecho evidente. La geotermia en Canarias se encuentra en la actualidad ante el reto inexcusable de demostrar que la aplicación de la energía geotérmica para la producción de electricidad es viable en las islas. Las investigaciones realizadas y las previstas a medio plazo han de concluir con los modelos de campo geotérmico que tendrán que ser confirmados mediante perforaciones. Quedan para otros momentos posteriores los desarrollos de técnicas innovadoras en exploración ya que éstas deberán ser demostradas en campo confrontadas ante yacimientos geotérmicos reales. Sin embargo aún hay grandes posibilidades de desarrollo tecnológico a desplegar en las actividades previstas a medio plazo en los aspectos ambientales y de perforación en zonas sensibles, en instrumentación y en técnicas auxiliares para los sondeos.

Pero sin duda, el reto que tiene que ser afrontado desde el primer momento y lo que supone el punto de inflexión que debe ser establecido en relación con la geotermia en las islas es el de coordinación y trabajo en equipo de las diferentes entidades que deben participar en el desarrollo de la geotermia en Canarias. Sin este esfuerzo integrador, el futuro de la geotermia profunda en Canarias será un tremendo fracaso, se habrán echado por tierra más de 30 años de esfuerzos y se tendrá que luchar contra otro “fantasma geotérmico” como fue el sondeo Lanzarote-1.

Algo que no podemos obviar por más tiempo es la entrada de nuevos agentes en el sector. Son varias las entidades públicas y privadas que deben estar presentes cuanto antes en el desarrollo de la geotermia. Sin ellas, las posibilidades de éxito de la geotermia pueden ser netamente mínimas. Por ello se hace necesario contar con el esfuerzo de todos evitando los protagonismos y los intentos de monopolizar tecnologías, territorios, subsectores,…

En todo caso, la geotermia profunda en España no sólo pasa por Canarias. Las posibilidades de aprovechamiento en las restantes áreas del territorio español no son en absoluto desdeñables. Hace falta iniciativa, voluntad y apoyo, pero se puede lograr el éxito, tal como también se puso de manifiesto en la reunión de Canarias. El futuro depende también es este caso de esa colaboración entre entidades implicadas en este tema. Tal vez sea el momento se “reescribir” con nuevas orientaciones los planteamientos que el sector de la geotermia profunda se había trazado antes de la moratoria de las renovables en 2012. No sólo se trata de financiación; es imprescindible aunar esfuerzos y apoyar decididamente los proyectos que se acerquen al aprovechamiento de la geotermia de media (e incluso de alta) entalpía. Aunque parezca que los momentos no son propicios, no cabe duda que se ha superado el rechazo irracional hacia la producción de energía eléctrica con renovables y hay que prepararse para una etapa con mejores oportunidades.

Tras estos párrafos dedicados a la geotermia convencional profunda, cabría preguntarse qué panorama se vislumbra en cuanto a la geotermia somera. En la reunión celebrada en Canarias se puso claramente de manifiesto el importante crecimiento que podría tener el sector con los apoyos adecuados. Se está desarrollando un amplio esfuerzo en mejorar la calidad y garantía de los trabajos mediante una mejor formación y cualificación de los técnicos y con unas exigencias mayores para verificar la calidad. En este sentido, no podemos olvidar que sectores aparentemente cercanos continúan distorsionando la información y verificación de las características de las instalaciones, lo que puede perjudicar a la larga a todos los sectores próximos. Confiamos que estas maniobras vayan siendo clarificadas y el sector de la geotermia somera pueda seguir creciendo al ritmo que corresponde y respondiendo a las exigencias que las directivas europeas establecen para la eficiencia energética en climatización.

Si algo se ha podido aprender de la reunión celebrada en Canarias es que la colaboración de todos los agentes, la transmisión de conocimiento y el intercambio de información son la única vía posible para desarrollar las tecnologías que permitan lograr los objetivos de exploración, desarrollo y utilización de la energía geotérmica en España. Se requiere la implicación y amplitud de miras de todos para que este espíritu de integración y coordinación pueda ser real y permita alcanzar las metas deseadas, mucho más allá de lo que nuestros objetivos particulares nos permitan vislumbrar.

EL FUTURO DEL AGUA

Alberto Jiménez Madrid. Doctor en Ciencias del Medio Ambiente. Miembro Consejo Asesor del CAS

Alberto Jiménez Madrid es Doctor en Ciencias del Medio Ambiente. Especialista en planificación de los recursos hídricos y ordenación del territorio. Autor de más de 80 publicaciones y ponencias de especialista en más de 10 países de Europa y en Sudamérica relacionadas con la gestión del agua y los recursos naturales. Tiene experiencia en dirección de proyectos en Europa, América, Asia y África. Profesor Asociado de Universidad. Profesor Tutor UNED. Perito judicial especialista en medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. Premio Internacional de Investigación “Profesor William R. Dearman QJEGH” en 2011 y Premio Nacional Alfons Bayó 2014 otorgado por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo Español) por su trayectoria.

En la actualidad es Director General de la consultora PROAMB Integrada, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y del Comité Consultor de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial y Gobernanza Local de Málaga.

Según la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se verá especialmente agravada en entornos del Mediterráneo, debido al excesivo uso sin control de los recursos, la falta de inversión y su continua mala gestión, lo que ha provocado una pérdida en la calidad y cantidad del recurso disponible, así como la degradación de los ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las previsiones de cambio climático que para la región se prevé desde organismos e instituciones como el IPCC.

Tras años de retraso en la aprobación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca, la puesta al día con los plazos marcados desde Europa para los diferentes ciclos de la planificación ha supuesto un gran esfuerzo en todos los sentidos para el Estado, las administraciones públicas y las empresas privadas colaboradoras. Sin embargo, este esfuerzo sitúa a España a la cabeza de los países europeos que están al día, al menos sobre el papel, con las obligaciones respecto a la gestión y planificación de los recursos hídricos. Aun así, la realidad reinante es que todavía quedan muchos campos en los que avanzar y mejorar para alcanzar los objetivos de las directrices que en materia de agua rigen desde Europa, principalmente los recogidos en la Directiva Marco del Agua.

Para ello es necesario alcanzar un gran acuerdo, un pacto nacional sobre el agua basado en la colaboración y coordinación entre administraciones, que incluya las voluntades tanto de los responsables técnicos como políticos, con la intención de definir las líneas estratégicas de futuro que deberán guiar la política en materia de agua en nuestra tierra y su gestión, con el fin de mejorar el actual escenario. Para ello, es imprescindible abordar la temática desde sus diferentes vertientes y afecciones (ambientales, sociales, económicas, etc.) para consensuar un nuevo modelo alternativo de gestión y planificación basado, a grandes rasgos, en los siguientes hitos:

• Las políticas de agua tienen que estar basadas en la solidaridad entre los pueblos, donde el agua, como el recurso de la vida, debe ejercer de elemento vertebrador del territorio. Existen cuencas excedentarias que podrían paliar los problemas de déficit hídrico que sufren otros sectores, siempre y cuando el desarrollo futuro de la cuenca cedente no se vea comprometido por posibles transferencias y se cumplan los objetivos medioambientales de las masas de agua.

• Es fundamental la coordinación entre administraciones, a todos los niveles, donde la pluralidad de niveles de gobierno y la fragmentación de competencias sobre los ámbitos que se tratan originan en ciertos casos una gestión inadecuada de la situación.

• Se hace necesario un compromiso serio para desarrollar los diferentes programas de medidas de los planes hidrológicos. De forma recurrente se aprecia el desplazamiento temporal de las medidas propuestas de un ciclo de planificación al siguiente, incluso la eliminación de horizontes temporales para la ejecución de algunas de ellas sin que otras medidas vengan a mejorar la situación de estrés hídrico cada vez mayor, lo que denota que la problemática no está en la teoría, sino en la puesta en práctica y la voluntad de desarrollo de estos programas de medidas.

• Los procesos de participación e información pública deben fomentar más el compromiso de la sociedad en estos procesos, mediante la explicación de las implicaciones que los documentos normativos aprobados en los diferentes planes (hidrológicos, zonas inundables, etc.) generan sobre el desarrollo futuro del territorio, y evitar que dichos procesos se conviertan en trámites legales que cumplir con publicaciones en periodos vacacionales, entre otras medidas, que lo último que buscan es la participación ciudadana y de las administraciones locales.

• Se deben determinar con claridad los mecanismos y fórmulas en los que se llevará a cabo la recuperación del coste de los servicios relacionados con el agua. Unificar criterios frente a la dispersión normativa y prever aquellos mecanismos necesarios para evitar duplicidades en cuanto a los gravámenes exigidos.

• Se hace necesaria una mayor conectividad entre los avances científico-técnicos y los trabajos desarrollados desde las administraciones. El potencial humano de nuestra sociedad es enorme y goza de reconocido prestigio a nivel internacional, sin embargo, existe una falta de inclusión de los resultados obtenidos en investigaciones y desarrollos tecnológicos dentro de la toma de decisiones en determinados ámbitos de la planificación hidrológica.

• En determinados ambientes es necesario el estudio, desarrollo e implantación de fuentes alternativas de suministro que aumenten el recurso disponible y aseguren la capacidad de abastecimiento de la población, no ya solo de la zona donde se lleven a cabo las actuaciones. Estas medidas liberan recursos procedentes de otras fuentes tradicionales que pueden ser destinados a otros usos que consolidan y fomentan el desarrollo del territorio, con la consecuente creación de riqueza y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, así como la mejora del estado de las masas de agua y ecosistemas asociados. Dichas actuaciones deberán ir acompañadas de planes de optimización energética, los cuales permitirán aumentar la competitividad de nuestro mercado, así como incidir positivamente sobre el medio ambiente.

• Alcanzar el objetivo de vertido cero mediante la construcción de las EDAR que todavía se encuentran pendiente de ejecutar y la modernización de aquellas que lo precisen.

• Es necesario efectuar un control eficiente y vigilancia de los recursos extraídos y suministrados, junto con campañas de concienciación ciudadana. Estas medidas se tornan fundamentales para poder alcanzar un uso sostenible de los recursos hídricos y poder garantizar así el abastecimiento futuro de la población.

• Finalmente, se hace necesario el estudio de modelos de uso conjunto de todos los recursos hídricos disponibles encaminados a proponer alternativas y garantizar el abastecimiento de los diferentes municipios, de los usos asociados al desarrollo económico y social de la población y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las diferentes masas de agua.

No cabe duda de que España necesita de una política en materia de agua seria, rigurosa, con respaldo económico suficiente y sobre todo con voluntad e impulso político que se traslade a una gestión sostenible e integral, reflejo de la legislación vigente.

No se puede olvidar que lo que tenemos no es la herencia de nuestros antepasados, sino el préstamo de las generaciones futuras, y es por ello que debemos trabajar y cambiar las cosas para garantizar el bienestar de la sociedad, reducir las incertidumbres que la falta de inversión de estos últimos años nos ha generado, alcanzar el buen estado de las masas de agua y preservar nuestro patrimonio natural, el cual será el legado que reciban las generaciones futuras.

GEOPARQUES Y RECURSOS HÍDRICOS: SIMBIOSIS PARA EL FOMENTO DEL GEOTURISMO.

Esther Martín Pinto. Doctoranda de la Universidad de Málaga

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga, Master Ejecutivo en Gestión y Dirección de Empresas por ESIC y Master en Gestión Hotelera por la Universidad de Cornel en Nueva York. Habiendo disfrutado de dos becas para estudiar y trabajar en EE. UU. En España responsable del departamento de idiomas de Ciomijas o Centro de Formación Integral de las Industrias del Ocio, centro de la Junta de Andalucía destinado a diseñar y ser banco de pruebas de la formación profesional a nivel directivo de los futuros líderes del sector turístico de Andalucía. Poco después Jefa de Estudios y después Directora Académica, durante 12 años. A continuación, comencé a trabajar en Diamond Resorts International como Training Manager Europe siendo responsable de la formación de todos los complejos hoteleros de la compañía en Europa.

Los Geoparques son, según definición de la UNESCO, áreas geográficas unificadas donde lugares y paisajes geológicos de relevancia internacional se gestionan con un sentido holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Es imposible desligar en los Geoparques la riqueza geológica con el magnetismo que atrae a los visitantes y que, además de disfrutar de los paisajes y explicaciones geológicas, busca las raíces socioculturales del territorio rural enfrentados a una cada vez mayor sociedad urbanita. Todas estas visitas se encuentran abarcadas en el concepto de Geoturismo y es parte integral de los Geoparques y esencial para su estabilidad y desarrollo, como atractor y promotor de la economía local.

El Geoturismo busca la integración de la industria del turismo con la conservación e integración del patrimonio geológico y geodiversidad, al mismo tiempo que promueve el desarrollo económico y social de las comunidades locales. En este sentido, España es el tercer país del mundo en número de turistas extranjeros (75 millones de turistas anuales), el primer país de la Unión Europea en número de pernoctaciones y el 11 % de su producto interior bruto es debido a la actividad económica derivada de la actividad turística. También España es el segundo país del mundo en número de Geoparques por lo que cabría plantearse si no sería sensato integrar el Geoturismo en los planes de fomento de este importante sector económico del país como diversificación al turismo ya establecido y asentado en el sol, la playa y la cultura.

Los estudios psicológicos de percepción del paisaje destacan que uno de los elementos objetivos más importantes a la hora de apreciar y darle valor al medioambiente es la presencia del agua. Este líquido elemento, ya sea superficial o de origen subterráneo (aguas subterráneas), debería tener mayor importancia entre los Geoparques ya que una de las tipologías de los lugares de interés geológico (LIG) que existen en estos ENP son las hidrogeológicas. Sin embargo, esto contrasta con que en España solo el 1’2 % de los LIGS ubicados en Geoparques son hidrogeológicos, demostrando que las aguas subterráneas son un aspecto poco estudiado en este tipo de espacios, al igual que en otros Espacios Naturales Protegidos (ENP), como los Parques Nacionales o las Reservas de la Biosfera.

Esta falta de representación del agua subterránea en los Geoparques no se corresponde con la importancia del agua, en general, y del agua subterránea, en particular, en la Naturaleza. Hay que hacer un esfuerzo en el estudio e inventario de LIGS que representen el ciclo del agua en los Geoparques. De esta forma se conseguiría que los visitantes y, también, los habitantes, entendieran el importante papel que el agua juega en estos espacios, creando un valor ambiental añadido y por lo tanto se complementara la oferta de atracción turística a estos espacios naturales.

PUNTO DE VISTA por Gerardo Ramos González. (Dr. Ingeniero de Minas. Vocal del CAS).

¿Te arriesgas con los zahoríes?

Mi mujer es médico, quizás por eso siempre he pensado en el paralelismo existente entre las ciencias del subsuelo: Geología, Minería, Hidrogeología, Geofísica, etc. Con la Medicina y sus especialidades.

De entrada tanto en unas como en otras se trabaja con lo oculto. En el caso de la Medicina con el cuerpo humano y en las ciencias del subsuelo con la tierra.

Todo está lleno de paralelismos. Los diagnósticos en ambos casos deben hacerse mediante métodos indirectos, también con sus similitudes. Así tenemos que para detectar masas tumorales en el cuerpo humano se emplean diversas técnicas entre las que se encuentra el escáner o TAC (Tomografía Axial Computerizada), de gran similitud a la geofísica sísmica que utilizamos para la prospección en el subsuelo. Otras técnicas médicas como radiografías, resonancia magnética, analíticas diversas, tienen su reflejo en el estudio del subsuelo mediante geofísica eléctrica, método electromagnético de dominio de tiempos (S.E.D.T.) y geoquímicas.

Una vez determinada la existencia de un tumor se suele confirmar con una biopsia, entrando quirúrgicamente o mediante endoscopia en la masa tumoral y tomando muestras. El equivalente minero es el sondeo con extracción de testigos.

Por desgracia, aún en los tiempos que corren, existe un personaje, el zahorí o el que, buscando una denominación más científico-tecnológica, se hace llamar radiestesista. Al final se trata de aprovecharse de la necesidad y de la ignorancia propia de tiempos medievales. Por desgracias el zahorí también tiene paralelismo en la Medicina, y como ellos viene de la noche de los tiempos. Es el curandero. Personaje pernicioso donde los haya.

A lo largo de mi vida laboral me he cruzado en varias ocasiones con tan oscuro personaje. Los damnificados tienen también algo en común con los afectados por los curanderos y tanto a unos como a otros se les puede oír decir: “le tengo mucha fe”. Y en la mayor parte de los casos terminan en similares condiciones.

Generalmente el zahorí suele acompañar a mucho sondista que, como mínimo, está demasiado preocupado por “hacer metros”. Si acierta le va bien porque cobra. Si falla también le va bien, cobra menos pero no pone tubería y, en ocasiones, ni hace un correcto abandono del pozo.

Nuestro actual Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque está teniendo el gran acierto de luchar contra las pseudo ciencias. Lástima su campaña no llegue a estos personajes.

PUNTO DE VISTA por Fernando Octavio de Toledo y Ubieto (Jubilado. Ex Consejero Técnico de la Dirección General del Agua, Vocal de la Junta Directiva del Club del Agua Subterránea)

Evolución histórica de la gestión de los recursos hídricos subterráneos en España

Cuando recibí el encargo, por parte de mis ilustres colegas de la Junta Directiva del Club del Agua Subterránea, de escribir un artículo con mi punto de vista sobre los recursos de subsuelo, no pude por menos que experimentar una cierta perplejidad, pues ya va para cinco años que pasé a disfrutar de la condición de jubilado y se aproximan a los veinte los que hace que dejé de dedicarme de forma profesional al ejercicio del noble oficio de Hidrogeólogo. Pero, tras dar un repaso a la evolución del estado de la profesión en los últimos tiempos, comprendí que hace falta una cierta perspectiva histórica para opinar sobre las aguas subterráneas en España.

De muy antiguo, las aguas subterráneas han sido utilizadas por el hombre para atender a sus necesidades básicas, crear una agricultura más diversificada y originar sociedades cada vez más complejas En un principio, los aprovechamientos se basaban en captación de surgencias naturales, extracción a partir de pozos someros y drenaje de acuíferos superficiales mediante galerías u obras rudimentarias

La verdadera revolución en su uso estuvo ligada a: la invención de la bomba de turbina, que posibilita la extracción de grandes caudales a grandes profundidades, los avances en la tecnología de construcción de pozos, que permiten incrementar profundidades y diámetros y el desarrollo científico y práctico de la Hidrogeología cuantitativa, que da explicación al funcionamiento de las aguas subterráneas

Paralelamente, el consumo de agua ha aumentado sensiblemente como consecuencia del crecimiento de la población, el desarrollo industrial y la expansión del regadío, a cuya satisfacción han contribuido decisivamente los recursos subterráneos.

Efectivamente, las aguas subterráneas presentan unas características singulares desde el punto de vista de su utilización, de entre las que cabe destacar: amplia distribución espacial de las formaciones geológicas capaces de almacenarlas y transmitirlas; bajo coste de la inversión necesaria para la movilización del recurso, por la facilidad de acceso a la tecnología de perforación y equipamiento; independencia de la gestión derivada por la flexibilidad y rapidez que supone el suministro por pozos; capacidad de adecuación a la demanda, tanto en caudales de extracción como en plazos de entrada en servicio; volante regulador de los embalses subterráneos, que les da un cierto grado de independencia respecto a los eventos climatológicos; posibilidad de explotación controlada de las reservas de los acuíferos; y uso más eficiente al soportar sus propios costes. Estas características han originado una explotación creciente de las aguas subterráneas con una tendencia que, previsiblemente, debería mantenerse en el futuro.

Como consecuencia, a partir de la década de los sesenta del pasado siglo, las aguas subterráneas fueran objeto de estudios e investigaciones cada vez más profundas, merced a lo cual se alcanzaron objetivos de indudable interés y trascendencia: definición de los principales sistemas acuíferos del país, sus características geométricas, sus recursos y reservas y su funcionamiento; perforación de pozos de captación de agua subterránea para abastecimiento a cerca de 2 millones de personas; programación y ejecución de planes de protección y control de acuíferos, mediante el diseño y operación de redes de control piezométrico, de calidad e intrusión y la detección de focos de contaminación; creación de bases de datos informatizadas con más de 100.000 puntos acuíferos; formación de equipos de hidrogeólogos que han transmitido su conocimiento a nuevas generaciones; creación de puestos de trabajo en equipos integrados en empresas consultoras con proyección; desarrollo tecnológico y creación de equipos humanos y técnicos para el diseño, ejecución y dirección de obras de pozos y sondeos de investigación y captación; realización de una amplia labor docente para la transmisión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos y difusión de la información; asesoramiento a diversas administraciones para contribuir a la toma de decisiones; y puesta a disposición de una gran información básica referente a las aguas subterráneas.

Pero esta aparente robustez del conocimiento y la gestión de los recursos subterráneos tenía los pies de barro y el interés que despertaron en su momento fue decayendo paulatinamente, con la inestimable ayuda de la crisis económica, cuya incidencia en este ámbito ha sido particularmente notable. Esto se manifestó claramente por un creciente deterioro de los aspectos relacionados con la investigación, explotación y preservación de las aguas subterráneas, dejando de prestarse la debida atención e importancia a este recurso, imprescindible, no sólo para mantener la vida y preservar los ecosistemas naturales, sino para la propia economía del país. Esta situación de crisis de las aguas subterráneas tiene sus principales manifestaciones en la muy escasa dotación presupuestaria así como de equipos técnicos y materiales en los Organismos responsables de su gestión, en la falta del necesario control sobre las captaciones subterráneas, en el incumplimiento de los Planes Hidrológicos, en la desaparición de empresas tradicionales del sector, y en la carencia de técnicos hidrogeólogos.

A partir de 2.008 aproximadamente, comenzó una brusca caída de la contratación pública de obras y servicios relacionados con las aguas subterráneas, que repercutió a su vez sobre las empresas produciendo el descenso del empleo de técnicos hidrogeólogos y, finalmente, la ruina e incluso desaparición de muchas de ellas.

Es urgente una toma de conciencia por parte de las Administraciones Públicas que permita adoptar las medidas correctoras oportunas, cuestión esta que no parece encontrarse entre las prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica, departamento encargado del desarrollo de las políticas gubernamentales en materia de agua.

Veamos un ejemplo que consideramos suficientemente ilustrativo referido a la Dirección General del Agua, órgano de gestión de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, entre cuyas funciones se encuentra el seguimiento y control de las aguas subterráneas renovables. En el año 1996 fue suprimida de su organigrama la Subdirección General del Servicio Geológico que, con el Instituto Geológico y Minero de España, había sido el buque insignia de la Hidrogeología española y vivero de expertos en la materia. El Área de Recursos Subterráneos se integró en la Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico donde, paulatinamente, se fue diluyendo. En la actualidad, las aguas subterráneas son gestionadas en la antedicha Dirección General del Agua por un solo funcionario con formación hidrogeológica y rango de Jefe de Servicio.

Parece evidente la gran importancia que tienen para nuestro país las aguas subterráneas, tanto desde el punto de vista socio-económico como medioambiental. Sin embargo, la realidad es que, en los últimos años, no se emplean los medios y recursos adecuados y necesarios para poder controlar y mantener de manera adecuada estos recursos, cuya utilización es tradicional en nuestro ámbito. Para asegurar el futuro de las aguas subterráneas es necesario revertir esta situación, afrontándola desde la preocupación actual pero de manera optimista, pues todavía se está a tiempo de conseguirlo. Sobre todo si se tiene en cuenta que para ello nuestro país cuenta con elementos muy importantes: legislación e instituciones, una generación de profesionales que ha ido transmitiendo su saber hacer en hidrogeología, tradición y un gran interés de la sociedad en las aguas subterráneas.

Y aquí se acaba la historia… Este es el punto de vista apresurado –algo limitado por la presbicia propia de la edad- de quien vivió en primera fila la expansión de este apasionante quehacer y, bien que a una cierta distancia, su declive. La perspectiva no parece particularmente halagüeña, en especial si atendemos a lo que se desprende de conversaciones mantenidas por el infrascrito con altos responsables de la gestión del agua hispana. Las asociaciones profesionales, como el Club del Agua Subterránea en cuyo seno se acogen estas líneas, o la Asociación Española de Hidrogeólogos decana de este movimiento asociativo, poco pueden hacer, aunque acojan a la práctica totalidad de los técnicos que se dedican a este recurso, dados sus propios condicionantes que no hace al caso analizar en estas líneas. Quizás la única solución proceda nuevamente de la iniciativa privada que, consciente de la importancia del recurso y sus indudables ventajas, se lance nuevamente a su exploración y explotación, arrastrando a las administraciones responsables a una toma de conciencia que vuelva a situar donde les corresponde a los recursos hídricos subterráneos.

Madrid, enero de 2019.

PUNTO DE VISTA por Tomás García Ruiz

El olvido de la calidad técnica en la construcción y clausura de los pozos de captación de aguas subterráneas

Si hay un ejemplo que puede ser considerado paradigmático en nuestro país del desfase entre los campos de la ciencia y la técnica, este puede encontrarse en el ámbito de la investigación y el aprovechamiento de las aguas subterráneas. En nuestra opinión este desfase entre la Hidrogeología como ciencia y sus técnicas aplicadas, es evidente en el caso de las actividades de construcción de captaciones para alumbramiento de aguas subterráneas, así como en las labores de cierre de pozos y sondeos, cuando se considera necesaria su clausura.

La cuestión del aseguramiento de la calidad técnica en las labores de construcción y cierre de pozos y sondeos es un aspecto crucial en la gestión de las aguas subterráneas, puesto que toda captación hidrogeológica constituye el canal de acceso desde la superficie del terreno hasta la ubicación de los acuíferos y es necesario garantizar una correcta ejecución de la obra para evitar afecciones negativas cuantitativas y cualitativas sobre las masas de agua subterráneas consideradas. Por otra parte un correcto diseño y ejecución garantiza también el adecuado cumplimiento de todos los aspectos de seguridad y salud que es preceptivo observar en este tipo de obras, y también permite garantizar la optimización de los recursos económicos utilizados.

La Ciencia Hidrogeológica surge como ciencia matematizada, con la consiguiente capacidad predictiva y contrastable a mediados del siglo XIX, con el establecimiento de la formulación básica de Darcy (1856). Esta Ciencia recibe un fuerte impulso en nuestro país a través de distintas instituciones. En primer lugar, y por cuestiones históricas, cabe destacar el papel fundamental del Instituto Geológico y Minero (IGME) en su desarrollo, investigación y divulgación, así como el papel de las Instituciones docentes como las Universidades, y otras sociedades científicas del ámbito de la sociedad civil, además de las actividades que son propias de los organismos competentes de la gestión hídrica, como son las Confederaciones Hidrográficas. Es lógico que se produjera este desarrollo del conocimiento de las aguas subterráneas en nuestro país, dado el interés de la sociedad en la utilización este recurso en España, donde según algunas estadísticas el 22 % de los aproximadamente 30.000 Hm3 de volumen de agua consumido anualmente.

Pero a la situación descrita en el párrafo anterior que muestra un conocimiento cuando menos aceptable (aunque siempre mejorable) de la Ciencia Hidrogeológica no corresponde un adecuado desarrollo de una de sus aplicaciones técnicas fundamentales, como es la ejecución de las obras de construcción y clausura de captaciones hidrogeológicas. Las cifras hablan por sí solas, pues acudiendo a fuentes oficiales se estima que en España hay más de un millón de captaciones hidrogeológicas y de ellas más del 50% son captaciones ilegales (sin contar los pozos que extraen menos de 7.000 m3/año).

Entre las consecuencias que se derivan de la existencia del alto porcentaje de captaciones de agua subterráneas que se han ejecutado sin control técnico legal en nuestro país podemos destacar las siguientes:

• Incumplimiento de la legislación vigente que exige la realización de un proyecto constructivo y dirección facultativa por técnico competente en las obras de construcción e instalaciones de equipamiento electromecánico de las captaciones hidrogeológicas.

• Mayor riesgo de accidentabilidad. Además, al ser ilegales, estas obras no están cubiertas por los correspondientes seguros, a los efectos de disponer de respuesta frente a la siniestralidad.

• Ante un accidente laboral en las obras ilegales se derivan importantes responsabilidades de los promotores y empresas de perforación que realicen los trabajos, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud.

• Degradación del estado de la calidad química de las masas de agua subterráneas, debido a la falta de aislamiento de la captación para preservarla de las acciones superficiales.

• Existencia de captaciones abandonadas que no han sido debidamente selladas y que constituyen vías preferentes de acceso de contaminantes a los acuíferos.

• Falta de control de los volúmenes de extracción y de la afección al estado cuantitativo de los acuíferos por efectos de sobreexplotación.

• Sobrecostes importantes en las obras de captación por su realización en terrenos inadecuados desde el punto de vista hidrogeológico, o por perforaciones con profundidades mayores a las requeridas.

• Falta de diseño adecuado de entubaciones (diámetros y espesores), filtros de grava, cementaciones, etc.

• Inadecuado diseño de los equipos electromecánicos instalados en las captaciones para la elevación del agua subterránea lo que da lugar a sobrecostes de equipamiento y de bajo rendimiento con consumo energético excesivo.

• Crisis de sector de las empresas de consultoría, ingeniería y ejecución de obras de perforación, lo que es patente en el paulatino cierre de las mismas y en la precariedad técnica, tanto de recursos humanos como de equipamiento de aquellas a duras penas todavía consiguen mantenerse.

Al analizar las causas de la actual situación de abandono de la técnica constructiva de las captaciones de agua subterránea es claro que un factor fundamental y común a todos los sectores de actividad es la actual crisis económica, que ha dado lugar a una disminución prácticamente total de la contratación pública en este tipo de obras, al ser estas administraciones las que exigían con todo en sus obras el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y legales.

Respecto al sector privado, además del efecto de la crisis que ha repercutido en la bajada de precios, también cabe destacar que tradicionalmente en nuestro país este mercado habitualmente no paga la calidad que se requiere en estas obras, probablemente por desconocimiento de las posibles consecuencias de carácter medioambiental indicadas anteriormente. El resultado es la limitación en la calidad del servicio que las empresas de perforación pueden dar, lo que supone el propio empobrecimiento técnico de estas empresas, y el incumplimiento sistemático de la ley en su actividad. En general en la actualidad puede observarse una ausencia total de inversiones e innovación de nuevos equipos y técnicas, lo que está en consonancia con los bajos precios que el mercado privado por la actividad, y que además no se han actualizado desde hace muchos años.

Pero no sólo es la crisis económica y la inercia tradicional del sector privado de las aguas subterráneas, también el actual proceso de solicitud de autorizaciones para alumbramiento del agua subterránea resulta muy complejo y enrevesado para el particular de buena fe que quiere cumplir con la normativa. Y ello no es debido a la inexistencia de legislación referente al uso del agua subterránea, sino más bien al número de actores de la Administración que intervienen, y que al menos son: Ayuntamiento para obtener la licencia de obra, Comunidad Autónoma para el permiso de perforación y equipamiento electromecánico y Confederación Hidrográfica para el alumbramiento de agua. Sucede incluso que a veces las instrucciones que el particular recibe de estos organismos son incompatibles entre sí. Como ejemplo no es infrecuente que el Ayuntamiento conceda para la ejecución del sondeo una Licencia de Obra condicionada a la autorización previa de la Confederación y de la Comunidad Autónoma (que también suele requerir la de Confederación) y al acudir a Confederación, por ejemplo para una autorización de menos de 7.000 m3, la propia Confederación no conceda la autorización hasta haber realizado la perforación, entrando así en un bucle que, en su análisis lógico, resulta irresoluble. El resultado de todo ello es que el privado llega a “perder los nervios” y su actitud puede derivar hacia el incumplimiento normativo y la falta de contratación de empresas con nivel técnico adecuado.

Después de exponer la problemática, sus consecuencias y sus causas, también es preciso finalizar con propuestas de mejora. En primer lugar es necesario que las Administraciones competentes para la autorización vigilancia y control de la ejecución de estas obras garanticen el cumplimiento de la Ley, en cuanto a la obligación de aprobación previa de proyectos de diseño constructivo y dirección facultativa de por técnico competente las captaciones hidrogeológicas. También es imprescindible concienciar a la sociedad en el sentido de que las aguas subterráneas son un recurso hídrico fundamental y que, por lo tanto, preservar su calidad y los acuíferos exige, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental la correcta ejecución técnica de las captaciones hidrogeológicas. Finalmente hay una clara necesidad de implantación de una “ventanilla única” para facilitar la actuación de las distintas administraciones competentes de la gestión y tramitación de las distintas autorizaciones.

PUNTO DE VISTA por Carlos Martínez Navarrete. IGME. Vocal del Club del Agua Subterránea (CAS)

La protección del agua de consumo humano es aún insuficiente

Es prioritario garantizar la calidad del agua subterránea empleada para consumo humano al ser un elemento fundamental del abastecimiento, especialmente en las poblaciones de menor tamaño. Para alcanzar este objetivo se requieren actuaciones en cuatro aspectos críticos.

La legislación debe priorizar las medidas de protección preventivas, establecimiento de perímetros de protección y zonas de salvaguarda, revertiendo los cambios legales que limitan su aplicación a las masas de agua declaradas en riesgo de no cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Compatibilizar la extracción del recurso con la actividad socioeconómica de una región, de un modo sostenible, requiere medidas de ordenación del territorio, como la cartografía de actividades permitidas, que contemplen la carga contaminante asumible en cada zona en función de las características del acuífero en que se enclavan las captaciones. El sistema de ordenación del territorio con esa premisa debe ser además fácil y claramente implementable por las autoridades autonómicas y municipales.

En zonas ya fuertemente degradadas la consecución de este objetivo puede ser ya inalcanzable o en el mejor de los casos puede conllevar un elevado coste para revocación de autorizaciones y licencias y otros asociados.

La protección del agua empleada para consumo humano puede abordarse, cumpliendo los requerimientos de la DMA, conforme dos opciones: i) partiendo de la protección del entorno de cada captación individualizada, estableciendo perímetros de protección con un conocimiento preciso de hidrogeología y parámetros hidráulicos característicos de dicho entorno, o ii) delimitando zonas de salvaguarda en la masa de agua subterránea.

Es importante resaltar que la metodología para ambas opciones de gestión está disponible, si bien es importante aplicar la más adecuada al medio captado, con los datos requeridos por el método seleccionado para obtener resultados con suficiente fiabilidad.

Hay que resaltar lo inapropiado que resulta cierta tendencia a utilizar herramientas complejas, cada vez más precisas, pero sustentadas en datos hidrogeológicos de hace décadas, escasamente contrastados y sin actualizar, por lo que es necesario también un esfuerzo técnico y económico para incrementar el conocimiento de los acuíferos en aspectos básicos como son los parámetros hidráulicos y su distribución en los acuíferos.

Por último señalar que la implementación de la protección del agua de consumo humano en el primer ciclo de la Planificación Hidrológica 2009-2015 ha sido claramente insuficiente (captaciones contempladas, metodología empleada para su protección, conocimiento hidrogeológico del medio captado y sus parámetros hídricos representativos en las formulaciones empleadas) y se han producido pocos avances respecto al mismo en el segundo ciclo 2015-2021 por lo que es prioritario subsanar carencias como las reseñadas en las próximas etapas de implementación de la DMA.

PUNTO DE VISTA por Juan José Durán Valsero. IGME. Vocal del Club del Agua Subterránea (CAS)

Una mirada crítica al pasado: aprendiendo de los aciertos y errores en la explotación de las aguas subterráneas en Madrid

Madrid siempre ha sido un referente, para lo bueno y para lo malo. También en el ámbito de las aguas subterráneas, el pasado relativamente reciente de este territorio central ibérico presenta algunos hitos en su investigación y explotación sobre los que conviene hacer algunas reflexiones, e intentar sacar algunas conclusiones. Lo haremos fijando la mirada crítica en cuatro momentos singulares de los últimos 200 años.

El primer hito hidrogeológico fue la construcción del famoso pozo de Mateu, en un momento de pleno auge de los pozos artesianos por todo el territorio nacional. Realizado en 1856 en pleno centro de la villa de Madrid fue un fracaso sonado, debido a la falta de información geológica e hidrogeológica, y conllevó un fuerte desprestigio inicial a las capacidades del acuífero de Madrid de suministrar agua para los diferentes usos, pese a que tradicionalmente Madrid había mantenido el suministro hídrico a través de los famosos viajes de aguas subterráneas, de posible herencia árabe.

El segundo hito hay que situarlo en las primeras décadas del siglo XX. Un ingeniero agrónomo italiano, Rafael Janini, adscrito al Patrimonio Real, llevó a cabo un plan de sondeos artesianos en torno al Palacio del Pardo, por encargo del rey Alfonso XIII, para el desarrollo agrícola de la zona, empleando por primera vez en España una tecnología revolucionaria de perforación de sondeos: la rotación con circulación directa de fluidos. En este caso, con la asesoría del Instituto Geológico y Minero, el plan se convirtió en un rotundo éxito. Las aguas subterráneas de Madrid volvían de nuevo a ocupar el primer plano de la actualidad. Tanto, que hasta se editaron postales conmemorativas de los sondeos surgentes.

Pero no hay dos sin tres, el siguiente hito volvió a traer la desgracia a las aguas subterráneas de la cuenca de Madrid: en el año 1928, el IGME llevó a cabo un sondeo de gran profundidad (más de 1000 metros) en Alcalá de Henares, que aunque encontró agua subterránea, resultó ser de mala calidad debido a las litologías evaporíticas implicadas. De nuevo, la maldición de las aguas subterráneas caía sobre Madrid.

Afortunadamente, en el cuarto momento de esta historia, ya en la parte final del siglo XX, el Canal de Isabel II, con la colaboración de algunas universidades madrileñas, consiguió situar a las aguas subterráneas de Madrid en el lugar que les corresponde, con la ejecución de un número importante de sondeos de excelente calidad en cuanto a su ejecución y su rendimiento, que permiten la existencia de un robusto sistema de abastecimiento a la ciudad de Madrid, basado en el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. Errores y aciertos de la historia hidrogeológica reciente, con final feliz.

PUNTO DE VISTA por Antonio Pulido Bosch. Catedrático. Vocal del CAS.

Las áreas costeras, las sequías y las desaladoras

Las áreas costeras españolas y muy especialmente las mediterráneas son muy vulnerables a las sequías, con el agravante de que los intentos de mantener el ritmo de las explotaciones de los acuíferos litorales suele desembocar fatalmente en la intrusión marina local o generalizada, agravando el problema, ya que su solución requiere mucho tiempo. Turismo y agricultura extensiva se unen y magnifican en los períodos más secos. Siempre me llamó mucho la atención el mapa elaborado por el IGME en el que se indican con flechas de colores las áreas costeras con intrusión marina localizada o generalizada, constatando que había pocos lugares que no estuvieran señalados.

Las plantas desaladoras aportaron la solución tecnológica a tan grave problema socioeconómico, frecuentemente olvidado tras el período húmedo subsiguiente. Y lo que es más grave, el elevado coste económico –energético- que lleva aparejado el rechazo al uso del agua desalada, especialmente en agricultura, con el argumento de que no es abordable, ha permitido que en muchos casos se hable del efecto perverso de esta solución tecnológica, que en lugar de reducir los bombeos, los aumenta. Si tomamos como ejemplo Andalucía, ninguna de sus 9 plantas funciona a pleno rendimiento y dos prácticamente no funcionan.

Entiendo que además de ir aumentando la eficiencia en el uso del agua, el futuro deberá pasar por la reutilización en regadío de las aguas residuales urbanas tras su tratamiento terciario y desinfección, y un mayor uso urbano de las aguas desaladas. Paralelamente, es imprescindible una decidida apuesta por las energías renovables que permita reducir la factura energética, tan sobredimensionada en nuestro país si la comparamos, por ejemplo, con los Países Bajos. Y eso que a horas de sol nos ganan pocos países.

PUNTO DE VISTA por Gerardo Ramos González. Vocal del CAS.

Nadie dice la verdad al gran público.

Por supuesto que hay que ir evolucionando a métodos más eficientes, seguros y menos contaminantes en la generación de energía pero…El movimiento ecologista que tanto bien está haciendo por este planeta, en ocasiones me exaspera. Hay un desprecio supino al estudio y reconocimiento. En lo referente al estudio de recursos se ha llegado a impedir trabajos de campo que ni siquiera están relacionados con el fracking...no sea que tengamos un terremoto. Recientemente se ha hablado de un gran descubrimiento de Repsol en Alaska. Sólo ha producido tristeza en ciertos ambientes. Simultáneamente ha habido un terremoto de intensidad 4 en la escala de Richter en Navarra...esperemos que no traten de relacionar ambas cosas.

Los ecologistas no explican claramente su postura y nadie les afea que no digan la verdad, esto es que lo que pretenden es que no se utilice ningún combustible fósil, sea cual sea su procedencia. Lo que hacen es atacar con fuerza al fracking porque lo consideran un punto débil. Deberían explicar a los ciudadanos cómo van a calentarse en el futuro, como van a producir en una situación de pobreza energética. Deberían decirles que quieren prohibir el uso de los vehículos que utilizan combustibles fósiles. ¿Los eléctricos?,...bueno, por ahora se podrían permitir, aunque la electricidad que los mueve también hay que producirla. Hay un "Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria". No es necesario explicarlo mucho. Pero propugnan la extinción de los humanos mediante el compromiso de no tener descendencia. Quizás todo acabe en la castración de recién nacidos.

Los políticos, que únicamente buscan el voto en estos tiempos populistas, toman decisiones contrarias a lo indicado por los técnicos. Y qué decir del temor que se extiende entre los funcionarios. Pocos entienden la incertidumbre del subsuelo, la incógnita minera. El estudio del subsuelo, comparable al estudio del cuerpo humano por parte de la medicina sigue métodos indirectos muy paralelos. Es de esperar que no se prohíban los escáneres como se prohíben pruebas geofísicas sísmicas.

PUNTO DE VISTA por Fernando López Vera. Vicepresidente del CAS.

Como todos los años la ONU, el día 22 de marzo con la celebración del “Día mundial del agua”, nos invita a reflexionar sobre la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 de la Agenda 21.

En este contexto no está de más recordar que de 699 masas de agua subterráneas consideradas, según evaluación de los organismos de cuenca, 259 presentan algún riesgo (puntual, difuso o por intrusión) por contaminación química y 164 por extracciones excesivas. Todo señala como causa de ello a una deficiente gestión, pero profundizando más es estas causas, nos encontramos una normativa obsoleta, una administración estructurada para fomentar el desarrollismo y una inercia generalizada para mantener viejos estatus.

No es necesario inventar nada nuevo para acelerar la reversión de la situación de deterioro de las masas de agua subterránea, existen numerosas tecnologías maduras, como la recarga de acuíferos, sofisticados métodos de control y la tan traída y llevada gestión integral de todos los recursos hídricos, superficiales y aguas regeneradas.

Resulta descorazonador que problemas bien diagnosticados en la gestión del agua y con herramientas disponibles, veamos transcurrir los años sin una solución más eficaz.